Texto originalmente publicado en Nativa.cat

¿Sirve la innovación social para sustituir a los derechos sociales? ¿por qué ahora interesa tanto a los Estados europeos fomentar el emprendizaje social? ¿por qué esas prácticas consideradas antes como extra-económicas y propias de la cooperación social ahora se entienden como servicio público y como creadoras de trabajo?. Para pensar en estas preguntas, más que fijarnos en los procesos de innovación social, en aquellas prácticas de base ciudadana que responden a demandas sociales de manera más efectiva que Estado o mercado, podemos mirar un poco más atrás y preguntarnos ¿qué ha pasado con los Estados?

En el libro “El futuro del Estado capitalista” (2002), Robert Jessop analiza la construcción en Europa de lo que llama el Estado Competitivo Schumpeteriano. Detrás de esa denominación encontramos una respuesta política a las primeras crisis contemporáneas, un intento por parte de los gestores estatales, los funcionarios, las fuerzas económicas y no económicas, por transformar el Estado de pleno empleo Keynesiano en un Estado competitivo. Un intento por reescalar y rearticular sus actividades, y por desarrollar nuevas formas de gobierno y gobernanza para hacer frente a los problemas derivados de los “fallos del Estado” y “fallos del mercado”.  Para generar cambios en los modos de crecimiento, regulación y socialización –que Jessop analiza con una densidad obsesiva– la necesidad de innovación se extiende más allá de elementos tecnológicos, incluyendo «sistemas sociales de innovación en diferentes escalas, el cultivo y la promoción de una cultura de empresa y sujetos emprendedores, y una amplia gama de innovaciones organizativas e institucionales que tienen que ver con las cambiantes formas de competitividad» (Jessop 2002: 155).

Este giro del modelo de Estado está directamente relacionado con una creciente subordinación de la política social a la política económica. A partir de los 80, el salario social que representa el gasto en bienestar se entiende como un coste de producción igual que el salario individual, o lo que es lo mismo, si hay que reducir costes, se pueden reducir derechos. También se extiende la idea que asocia la tributación con un desincentivo al esfuerzo, el ahorro y a la inversión. Justo esas son las aptitudes que debe asumir un emprendedor, crearse su espacio de trabajo y sus propios derechos a través del esfuerzo, el ahorro y su propia inversión. Se empieza a entender que los derechos sociales no son conquistas irrenunciables que hemos adquirido defendiendo un modelo social más igualitario y justo, sino que son servicios que nos tenemos que merecer día a día por los esfuerzos que hacemos en un espacio económico determinado. Un espacio económico que no es homogéneo, donde no entra todo el mundo, donde hoy estás y mañana ya veremos. Un espacio que por mucho que se insista, no tiene nada que ver con algo que podamos llamar “democrático”. La forma Estado que resultó de las luchas sociales ha sido un pésimo custodio de los derechos. El Estado es hoy un conjunto de dispositivos que sortean esos derechos bien para su gestión más eficiente bajo las políticas de “austeridad” o bien para que los emprendedores sociales se busquen la vida. Una salida individual que aprovecha el desplome colectivo.

Y aquí encontramos una de las claves de porqué hoy interesa tanto la innovación social a escala europea. Frente a la crisis de legitimidad, la crisis económica y la falta de medidas para la creación de empleo, la respuesta europea es “innovación social”. Frente a la crisis de legitimidad del Estado ¿quién más legitimo que el propio ciudadano para diseñar servicios públicos? Frente a la crisis económica y la falta de liquidez pública ¿qué servicio público a menor coste puede haber que el realizado por la propia ciudadanía? Frente al desempleo ¿qué mejor manera de incentivarlo que a través de fomentar el emprendizaje? La jugada no es mala, es terrible. Básicamente porque se reduce el servicio público a la activación de un mercado de emprendeduría social. La desposesión de derechos sociales crea un espacio desatendido que abre camino a un mercado “social”. Los derechos como nicho de mercado.

El Reino Unido fue el primer Estado europeo que puso en marcha políticas de fomento de la innovación social. A partir del 2002, el New Labour desarrolló la primera estrategia a nivel europeo centrada en las empresas sociales bajo la denominación ‘Social Enterprise: a strategy for success’. En el mismo año, se inauguró el Social Enterprise Unit, el primer departamento específicamente dedicado a fomentar un «entorno favorable» (así lo llaman) para la puesta en marcha y desarrollo de la emprendeduría social. A partir de estos primeros hitos, durante la última década se ha consolidado un área extensa de acción bajo los gobiernos de Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron. Un rumbo que sobrepasa la orientación y las políticas de partido, marcado por cambios en el modelo del Estado de Bienestar y por cambios en la economía de mercado.

Esta estrategia se está extendiendo al resto de países europeos. Cada uno a su manera, adopta medidas para cambiar el Estado de bienestar por una “sociedad participativa”. Y es que el problema tal vez no sea el Estado, sino su forma capitalista. Cuando cuestionamos el papel del Estado hoy, no es ni mucho menos por pensar que no hagan falta medidas de redistribución, de asistencia pública universal o de justicia social, sino porque no queremos dejar nuestras vidas en manos de unos pésimos guardianes. El ciclo actual de luchas sociales lo ha dejado clarísimo: no se trata de más o menos Estado, sino de más o menos democracia. No se trata de pensar cómo recuperar el Estado de bienestar, sino de diseñar y defender instituciones de lo común. Instituciones donde los derechos no son añadidos ni nichos de mercado, sino una forma de entender la vida social que no necesita ni matices ni emprendedores.