Comparto una nota breve sobre una de las ideas que van surgiendo en la elaboración de mi tesis doctoral sobre «políticas de fomento de la innovación social: Entre cambios en las relaciones de poder y procesos de
sobreexplotación en la gestión comunitaria»  Sé que el título es largo y farragoso, pido disculpas por mi falta de creatividad divulgativa. Se trata de algo en lo que estoy trabajando y más que una conclusión, es un elemento que va marcando bastante el camino de la investigación. Dicho en breve, tiene que ver con la preeminencia del comunitarismo liberal en las prácticas de innovación social. Tomando la película «El Manantial» de King Vidor como pretexto, en un texto anterior intentaba situar qué es el comunitarismo liberal. En ese caso el objetivo era otro, así que explico la idea con más detalle esperando que esa definición vaya tomando su propia forma.

Para esta investigación, estoy entrevistando tanto a espacios de coworking de emprendedores sociales, espacios urbanos autogestionados, colectivos y empresas que centran su actividad en responder los principales problemas de la agenda social, departamentos de políticas públicas, plataformas de defensa de derechos y organizaciones privadas que fomentan la emprendeduría social. En conjunto, formas de responder demandas sociales donde, así se expresa, lo público-estatal o el mercado hegemónico no parecen actuar con eficacia. Esa es una de las maneras con las que se suele definir la innovación social. Es a partir de un primer análisis de las 50 entrevistas que llevo realizadas en Barcelona y Madrid donde va emergiendo con fuerza una «nueva» institucionalidad: el comunitarismo liberal.

Por comunitarismo liberal me refiero a un conjunto de normas colectivas y modos de relación concretas entre organizaciones sociales, agentes privados y públicos que determinan cómo se entiende y pone en práctica el gobierno de lo común. Es decir, el conjunto de formas más o menos distribuidas de organización de los recursos comunes, formas de entender la garantía de derechos sociales en dichas prácticas de innovación social, vías de acceso y reparto de rentas económicas, formas de exclusión/inclusión de personas que participan en esas prácticas, formas de sanción ejercidas sobre quienes actúan al margen de las normas convenidas comunitariamente pero se benefician del trabajo comunitario, etc. En esas formas de institucionalidad comunitarista liberal hay una negación o un enfrentamiento con lo público-estatal y se otorga un nuevo papel al mercado. Sus características principales serían tres.

Por un lado, se reconoce un espacio de gestión y deliberación común para las demandas sociales. Por otro, se actúa en un espacio de mercado que –así se expresa– contiene «valor social». Por último, las instituciones públicas existentes se perciben como limitadoras de la acción colectiva o, en algunos casos, puede tomar un papel como mediadoras del conflicto. Por tanto, la relación entre lo público-privado-común se tiende a resolver privilegiando los espacios de decisión colectivos al margen del Estado sumando la acción colectiva o individual sobre el mercado. Habría muchos matices que añadir en cada caso, pero sin pensar que eso parte de una espacio homogéneo, esa es la tendencia general que se va expresando en las prácticas y en los discursos.

En otro momento comentaba la posibilidad que aquellas esferas donde las instituciones públicas ya no operan como garantes de los derechos sociales podían estar diseñándose como un nicho de mercado para los emprendedores sociales. En ese breve texto concluía que parece que «no se trata de pensar cómo recuperar el Estado de bienestar, sino de diseñar y defender instituciones de lo común«. Esto es algo bastante más compejo, ya que en estas formas de producir respuestas a demandas sociales, esa institucionalidad de lo común también se articula con el comunitarismo liberal. En esa mezcla variada, aparecen diversos temas clave.

• En primer lugar,  la existencia o no de protocolos, normas y compromisos adquiridos por esas comunidades antes de operar en el mercado. Es decir, si existen esas normas de forma explícita, si se aplican de manera táctica o si simplemente no existen y las formas de actuar en el mercado son un «sálvese quien pueda».  Dicho de otra manera: si las comunidades construyen formas de control sobre las prácticas de emprendeduría social para que las lógicas del mercado preexistentes no sobreexploten los recursos comunitarios o, de hecho, disuelvan los vínculos comunitarios.

• En segundo lugar, los códigos de relación con lo público-estatal. Aquí, como en las formas de relación con el mercado, hay diferentes rumbos institucionales históricos. No son los mismos protocolos y códigos éticos los que operan en el cooperativismo social, en prácticas que provienen de movimientos vecinales o en movimientos ciudadanos con menos trayectoria, en los espacios de coworking de emprendeduría social, en consultorías de innovación social nacidas en otros contextos o en los programas de grandes corporaciones que fomentan la innovación social. Hay saberes y estrategias muy diferentes a la hora de entender a la institución como un cliente, como un agente de cambio o como un actor con el que hay que negociar bajo equilibrios, beligerancia o con la que hay que tener un efrentamiento constante. En ese sentido, es importante situar cuál es el objetivo último de esta relación con las instituciones públicas, ya que basculan entre la posibilidad de proveer servicios a dichas instituciones, la reclamación de la tutela pública de derechos o la puesta en práctica de la auto-tutela a partir de la acción coordinada de comunidades sociales desposeídas.

• En tercer lugar, un tema de fondo que incluye a los anteriores: hay maneras muy diferentes de entender la ecología social que hace posible que exista una proceso de innovación social. La relación con las comunidades donde nacen las demandas es muy diferente en espacios con diferentes trayectorias institucionales y políticas. Esa ecología social depende tanto de la centralidad que se le otorga al servicio último que se comercializa o la importancia del proceso y los protocolos que se implementan para equilibrar las relaciones de poder existentes en el mercado. También, de la importancia de las carreras y decisiones individuales de los emprendedores sociales y de la participación efectiva en espacios de decisión del conjunto de comunidades que empujan las innovaciones sociales. La expresión de cambio social que hay detrás de cada práctica depende del conjunto de actores que participan, las relaciones y normas que se establecen entre ellos así como de los objetivos que vehiculan la actividad .

• En cuarto y último lugar, esa relación con el mercado, con las instituciones público-estatales y esa manera de entender la innovación social opera en todos los casos sobre condiciones estructuales. En muchos casos esas prácticas (sean del origen que sean) avanzan bajo liderazgos de antiguas clases medias cualificadas. Hay mucha gente que no pueden tener presencia en espacios de decisión ni lanzarse al mercado de los emprendedores sociales. La autoorganización por parte de las clases más vulnerables para responder a demandas que no reciben asistencia pública depende de un proceso de tutorización o acompañamiento de clases cualificadas. Estructuralmente, el capitalismo deja a su suerte a gente que no amasa capital cultural ni relacional y, además, sus condiciones materiales no les permiten elegir otra opción de vida que buscar sustento en cualquier tipo de espacio laboral. En esos casos, ser “emprendedor social” se expresa como una salida de urgencia, no como una elección de vida deseable.

Algunos de estos puntos están muy relacionados con los principios fundamentales del gobierno de recursos comunes que Elinor Ostrom había analizado en diferentes prácticas de acción colectiva. Esos principios están muy presentes en prácticas de economía social y solidaria, en plataformas de reclamación de derechos o en algunos espacios urbanos autogestionados. En empresas de fomento de la emprendeduría social, espacios de coworking y en grandes corporaciones privadas, estos principios tienen, sin duda, menos presencia en el gobierno de lo común.

Pero más allá de estas diferencias, y aquí está la idea clave sobre la que debo continuar trabajando, en el conjunto de modos de hacer y de relación entre lo público-privado-común el comunitarismo liberal parece ganar terreno. Una especie de nueva «tercera vía» que va tomando forma en base a prácticas y decisiones que no responden a una estrategia de planificación unificada. Un tipo de institucionalidad donde si bien las comunidades y sus vínculos sociales son la base del tablero, su capacidad para definir y empujar el valor y el cambio social puede quedar a la merced de la elección individual  de quienes sí pueden emprender socialmente.