Hace unos días aparecía un artículo sobre segregación y gentrificación en el estupendo blog de Politikon  El autor de ese artículo, Roger Senserrich, lanzaba algunas consideraciones a partir de una investigación sobre la evolución demográfica de 95 ciudades americanas realizada por dos urbanistas de UCLA. Entre otras, que las ciudades deben eliminar las regulaciones sobre densidad y las trabas burocráticas que bloquean nuevos proyectos para aumentar la oferta de vivienda. Esto, a la par, debe venir acompañado de políticas de vivienda inclusivas, «añadiendo pisos asequibles en cualquier proyecto urbanístico».

Una de las ideas clave del artículo es que cuanto «más control democrático, burocrático y técnico hay sobre el uso de los edificios en una ciudad, más excluyente y segregado será su urbanismo». En realidad, no es del todo así. O, mejor dicho, depende de qué «control democrático, burocrático y técnico» estemos hablando. El artículo concluye asegurando que «permitir densidad y salirse del medio es mejor garantía para evitar la segregación económica con un intervencionismo (público) que sólo favorece a los propietarios». Y aquí es donde empieza el entuerto. El problema es que ese tipo de enfoques solo miran las medidas públicas relacionadas con el desarrollo inmobiliario, no con el desarrollo urbano, que es una cosa muy diferente. También, que se da por hecho que el fenómeno de la segregación se produce a nivel ciudad o barrio y, en realidad –aunque esto no lo digan los urbanistas de California– en ciudades como Barcelona, la segregación ha sido y es un fenómeno metropolitano.