No hay participación sin redistribución del poder

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Texto junto a Mauro Castro a partir de trabajo conjunto con La Hidra Cooperativa. Originalmente publicado en El Diagonal

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1. Crítica a las políticas participativas

«Sería bueno volver a la democracia representativa, y no al asamblearismo, que ha dado más que notables manifestaciones de ser un profundo desastre». En un Pleno del Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, regidora de Ciudadanos, interpelaba con esa frase a Maria Rovira de las CUP. Con ese tipo de ironía fofa que no hiere pero irrita, Mejías aludía a la famosa asamblea que acabó en empate, donde la CUP decidía si investir a Artur Mas. Pero, sobre todo, pretendía defender la representación como la forma de hacer política más legítima y con menos costes.

Esa arrogancia de la democracia representativa fue lo que el 15M puso en crisis. Uno de los mandatos que produjimos en ese ciclo de movilizaciones fue la necesidad de superar esa representación, un mandato trasladado a esta fase institucional. Precisamente, porque esa representación ha mostrado claras evidencias de no contar con excesiva legitimidad social (solo hay que revisar los barómetros de opinión) ni supone menos costes (los casos de corrupción y de malversación de fondos públicos van en aumento). Eso, claro, no significa tener que decidirlo todo en asambleas. Es un punto de partida muy torpe. Se trata de garantizar mecanismos redistributivos del poder que vayan más allá de la delegación ciega a cargos representativos pero también más allá de la participación instrumental.

La democracia participativa se ha usado demasiadas veces como un comodín reservado para alguna mano floja de la partida, prometiendo “incrementar la calidad democrática y el diálogo”. Ese enfoque incrementalista y consensual de la participación, que siempre ha sonado a complemento vitamínico para disimular una enfermedad crónica, tiene una larga trayectoria en Barcelona. En los últimos 30 años, se han ido construyendo más de 600 mecanismos participativos. Algunos más estables, como los Consejos de Barrio o Sectoriales, y otro más puntuales, como las Audiencias Públicas. No todos esos espacios son iguales. Su utilidad depende de factores como la trayectoria organizativa de cada barrio o el nivel de riesgo que asumen los cargos de distrito. Pero hay muchas investigaciones académicas y producidas desde los movimientos sociales que permiten pensar de manera crítica esa participación heredada del pasado.

Algunas de esas investigaciones muestran que ciertas políticas participativas han acabado incrementando las asimetrías de poder ya existentes. Otras señalan los mecanismos participativos como espacios útiles para recibir información, pero inútiles para incidir en la toma de decisiones o para ejecutar y evaluar políticas. En general, siempre se señala una tendencia al exceso de burocracia y a la inflación de órganos, haciendo que sean espacios lentos y muy limitados para tratar lo que más preocupa a quienes acuden. Se suman otras anomalías como el desgaste que suponen para las prácticas de base y la exclusión de voces críticas o de grupos sociales que no tienen recursos para participar en espacios formales. En Barcelona, esa forma de gobierno supuestamente “horizontal” ha fomentado redes clientelares y ha dado centralidad a empresas público-privadas, alejando a quienes no querían subordinarse a agendas pactadas.

Estos problemas son más o menos conocidos y las nuevas áreas de participación municipales buscan no caer en los mismos agujeros. Durante los últimos meses, varias de esas áreas han empezado a lanzar parte de sus propuestas. Un ejemplo es la puesta en marcha de la plataforma decidim.barcelona, que ha venido acompañada de un gran éxito de participación. Las cifras muestran un despliegue territorial y un ejercicio de coordinación institucional que no ocurría en la ciudad desde hace mucho tiempo. Pero todavía es pronto para ver si este proceso supera esos escollos y si facilitará la consolidación de espacios ciudadanos con autonomía, reforzará o debilitará el trabajo de entidades ya organizadas o si habrán más recursos para que no sea una performance puntual. Producir muchas expectativas siempre conlleva el peligro de generar frustración. Si las peticiones ciudadanas realizadas para el Pla d’Actuació Municipal no culminan, podría suponer una corrosión de la confianza depositada en este proceso y en el equipo de gobierno.

No es nada fácil. Cualquier dispositivo institucional nuevo se enfrenta a una rémora: la dependencia del rumbo institucional. Es decir, que los cambios no los marcan las condiciones del momento, sino que están determinados por inercias institucionales y su capacidad para intentar perpetuar un modo de hacer jerárquico. Las instituciones públicas son pura dependencia del rumbo, no están diseñadas para cambiar.

Más difíciles parecen los cambios si la realpolitik consigue colonizar toda relación política. Los contrapesos y los consensos son parte de la política representativa, pero las demandas que emergen de la calle mantienen formas tensas y conflictivas de relacionarse con la institución. Conclusión: la participación institucional, si quiere ser transformadora, no puede basarse en el consenso. Como solución a esta callejón sin salida, el intento por reformular la participación institucional ha ido dando paso a un reto titánico: la corresponsabilidad.

2. ¿Corresponsabilidad?

Quienes quieren aniquilar el brazo social del Estado a veces usan el relato de quienes defienden un Estado del Bienestar de nuevo cuño. Hoy se habla de que para ir más allá de la participación y para que las cosas cambien, hace falta corresponsabilidad. Pero, ¿corresponsabilidad es un nuevo Estado de Bienestar o comunidades que proveen servicios dando un papel secundario a lo público? ¿implica más democracia o más privatización? En tiempos pasados, otros hablaban de compartir responsabilidad, pero con empresas ligadas a holdings financieros que prometían gestionar de manera “más eficaz” los servicios públicos. Como en la participación, la corresponsabilidad no es tanto una cuestión de relatos o métodos, sino con quién y en qué esfera de poder se incide.

En países como Brasil, han habido procesos de corresponsabilidad que son referencia a la hora de gestionar presupuestos. En Porto Alegre, los presupuestos participativos se consideraron un instrumento privilegiado para movilizar a los más desfavorecidos e invertir las prioridades de gasto a favor de colectivos discriminados por su posición de clase, su condición de género o por su origen étnico.

Ningún método participativo es mágico o neutro. Puede aplicarse al mobiliario de una plaza del centro de la ciudad en un proceso liderado por clases medias o a un plan metropolitano para invertir 150 millones de euros en barrios desfavorecidos. Hacer un proceso participativo para definir los usos de un solar urbano de l’Eixample es un reto político importante, pero incomparable con –imaginemos– aplicar paneles participativos para la reforma de zonas como el Port Vell. No es solo la extensión del territorio, es la posibilidad de organizar el conflicto en un embate contra las élites locales y sus redes de connivencia en los puntos neurálgicos del capitalismo urbano. Un proceso de corresponsabilidad no puede pasar por alto esa geografía del poder.

La derecha siempre ha tenido muy claro ese esquema y, en ocasiones, ha sabido sacarle partido. En su momento, uno de los gobiernos que más dinero había dedicado a partidas presupuestarias exigidas por la ciudadanía fue el de Gallardón en Madrid. Si bien compartía las premisas clasistas de su partido, no pensaba que la represión fuera el único camino para responder a los movimientos vecinales del sur, que reclamaban vivienda y equipamientos. Gallardón optó por dar parte del dinero para que decidieran participativamente donde invertirlo. No había ni un gramo de candidez en esta decisión. Mientras se invirtiera en ladrillo, la ampliación del circuito de acumulación a territorios desvalorizados tal vez estaba asegurada. Pero además, Gallardón exigió que se designara a un actor (la FRAVM) para representar a esas entidades vecinales y para gestionar las contrataciones, siendo cada vez más dependiente de la administración local. Este fue el primer capítulo de un intento de domesticación de algunos movimientos vecinales.

La corresponsabilidad puede ser la antesala de una gobernanza jerárquica que busca controlar movimientos sociales. No solo están en juego los relatos y los métodos, también los procesos. Pero sobre todo, la joya de la corona, es la desigualdad de poder.

3. Redistribuir el poder

El colectivo de unos de los barrios barceloneses con el índice más bajo de Renta Familiar Disponible, respondía tajante en un Audiencia Pública a la pregunta ¿para qué sirve la participación? «No queremos participar, queremos liarla para que no ocurra siempre el mismo problema». Es el paso previo del que surgen las formas de acción colectiva más emancipadoras que hemos construido. Pensémoslo así: todos los sindicatos sociales han nacido “queriendo liarla para que no ocurra siempre el mismo problema”. ¿Cuál es el papel entonces de las instituciones? ¿Deberían dejar hacer evitando la cooptación de procesos? ¿Deberían acompañarlos o reforzarlos para que se creen espacios de emancipación social desde abajo? ¿Deberían mediar contratando cooperativas que gestionen el conflicto?

El colectivo era una asociación de vecinos de Nou Barris que utilizaba los mecanismos participativos para increpar a Irma Rognoni –la entonces Regidora del Distrito– captando así la atención de los medios. El objetivo era hacer visibles las demandas de los vecinos y vecinas. Esas demandas que aparecen en algún pie de página de los informes oficiales pero que solo se analizan y difunden en medios contrainformativos de los propios barrios.

Los consensos son necesarios para sacar adelante políticas públicas. Pero las conquistas sociales son prácticas de contrapoder, nacen del disenso. Las nuevas políticas participativas han de asumir el disenso, lejos de la utopía liberal donde todo el mundo tiene la misma voz y se llega a un acuerdo entre partes. Las promotoras inmobiliarias y la PAH no pueden acudir a un espacio participativo en “igualdad de condiciones” porque no existe tal cosa. Como apuntaba hace casi una década una editorial de La veu del Carrer «quienes están en los Consejos de Administración ya tienen sus propias formas de participación, tienen ligados sus nombres a la propiedad de los espacios de la ciudad». El caso Caixabank y su control de los servicios básicos de Barcelona habla por sí solo y refleja hasta qué punto están sobrerrepresentados los intereses de las élites y los poderes fácticos.

Un gobierno equidistante no podrá combatir esa concentración de poder, incluso corre el riesgo de reproducirla. Los gobiernos del cambio han de tomar partido del lado de quienes quedan excluidos de los espacios de decisión, de quienes –a diferencia de las élites y los agentes financieros– se topan continuamente con fronteras y peajes. No gobernar para todos, sino gobernar para y con aquella ciudadanía cuya voz ha sido ignorada. Es necesario forjar alianzas entre las clases más desfavorecidas, las prácticas de contrapoder urbano y los poderes institucionales. Espacios repletos de tensiones y que exigen un grado alto de experimentación, pero que son centrales para empujar un nuevo municipalismo.

El señuelo cívico-deliberativo y consensual de la participación, murió. No más participación que no pase por dar poder a las clases populares y atacar a la columna vertebral del capitalismo urbano. La narrativa igualitarista de la fiscalidad y el asistencialismo ha de asumir que la verdadera fuente de la igualdad del ingreso es la igualdad del poder. Quienes padecen todo tipo de discriminación, han de gozar de todas las ventajas en una lucha desigual por conquistar formas de subsistencia y derechos.

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