Es imposible comunalizar lo público

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Texto publicado en El Salto

Hace apenas un año decíamos que el neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. Sigue sin serlo. El neoliberalismo es un asalto institucional de las élites dominantes para imponer un gobierno de lo social a través del mercado. Esto, ya se sabe, no significa “menos Estado”, sino que el Estado cumple un rol bastante diferente a su misión redistributiva durante los 30 gloriosos.

A principios de la década de los 2000, Bob Jessop alertaba de la transición hacia un Estado competitivo. Debido a las crisis y ataques sufridos durante los 70s y los 80s, el Estado de bienestar dio paso a una forma de Estado basado en la subordinación de la política social a la política económica. A partir de los 80s, se empieza a recortar el gasto en bienestar y se insiste en que la tributación es un desincentivo al esfuerzo, al ahorro y a la inversión. Este marco hegemónico (neoliberal) significaba un ataque directo a los derechos sociales. Los riesgos sociales empezaron a ser individuales. La vida se empapó de créditos y deudas. Todos hemos pasado a ser “emprendedores”. Incluso las ciudades.

La competición entre ciudades no solo cambió el paisaje geográfico y nuestros imaginarios, con más asimetrías y desigualdades entre centro y periferia, más urbanización para atraer inversiones y expulsar a vecinos o grandes eventos “culturales” en lugares chachis que dejaron de serlo. La competencia urbana también cambió la organización dentro de la administración pública. El capital global no solo caía sobre el territorio urbano (el capital excedente tenía que aterrizar en algún sitio), sino que penetraba dentro de las instituciones para extraer renta de nuestros bienes comunes: energía, agua, transportes. En Barcelona, un penoso ejemplo de ese asalto institucional es el imperio de Caixabank. Las enormes infraestructuras necesarias para todo ese festín o bien se pagaron con dinero público, o bien se financiaron mediante deuda. A través de grandes contratos con pliegos bochornosos, la provisión de servicios públicos se cerró bajo candado (privado) y su coste se disparó. La enorme inversión inicial en capital fijo se hizo a costa de nuestro riesgo. El lote gordo y los beneficios han ido a grandes empresas y entidades financieras. Y para culminar todos estos procesos fue necesario producir nuevos marcos jurídicos y herramientas institucionales que codificaron en norma esa ideología.

La pregunta que sigue en el aire es cómo revertir esta concentración de poder urbano en pocas manos, unas manos que han retocado los órganos de nuestras ciudades, convirtiéndolas en zombies que caminan sin saber hacia dónde. Ese era una de los objetivos del municipalismo y los nuevos gobiernos: redistribuir el poder urbano. Pero las dinámicas (legales, administrativas, procedimentales) están sedimentadas en la institución de tal manera que parece imposible comunalizar lo público. Parecería que todo lo que se puede hacer son pequeñas reformas. Siguiendo una lógica incrementalista, se van sumando pequeñas victorias que en algún momento, se espera, puedan escalar. El reparto de competencias delimita la actividad de los municipios, sometidos, además, a intentos de re-centralización por parte del Estado (Ley Montoro). Algunas tareas de decisión, gestión y coordinación están descentralizadas regional o localmente, pero la función financiera y de control se concentra en las escalas más altas: en el Estado, pero sobre todo en Europa. El municipalismo tiene que proporcionar servicios e intervenciones reales para la protección social, utilizando los recursos financieros disponibles. Si el cash local no llega, se buscan fondos. A veces de sospechoso origen. Viendo que las palancas administrativas están trucadas, la pregunta es: ¿podemos comunalizar lo público?

Se suele hablar de un caso de éxito donde lo público se comunaliza señalando a los presupuestos participativos de Porto Alegre. Un proceso que logró dar voz a sectores excluidos, conquistando poder urbano. No fueron movimientos autónomos. Mil ambivalencias los atravesaban, en una relación entre Estado y sociedad civil que siempre es conflictiva. Boaventura de Sousa Santos decía que los Presupuestos participativos tenían una autonomía relativa, pero que más allá de eso, su consolidación solo tenía sentido político si rompían con el viejo sistema clientelista-patrimonialista. También señalaba algún que otro peligro: los Presupuestos participativos pueden generar nueva élites, sectores sociales con más recursos para “participar” que esperan una ventana de oportunidad que culmine sus aspiraciones de clase. La desigualdad es una característica estructural de cualquier sociedad contemporánea y tiende a reproducirse en todas las interacciones sociales. Por eso es más fácil ver a clases medias que a sectores excluidos liderando procesos “emancipatorios”. Si ponemos a la clase media en el centro, la vida de los que más padecen permanecerá en los laterales. La Loli, una vecina de Sant Feliu de Llobregat, resumía la solución en una sola frase: “si los listos tienen buenas ideas, que nos las den y se piren”.

Pese a todas estas tendencias estructurales, siendo conscientes de la capacidad que ha tenido el capital financiero para penetrar en las instituciones y determinar qué se puede y no se puede hacer, con todo y con eso, seguimos pensando que en la producción de movimiento, métricas y normas está parte del asunto. Por un lado, necesitamos métricas y normas para recuperar poder, con políticas como el censo y auditoría de las empresas de capital mixto, la recuperación de los servicios básicos privatizados o externalizados, la regulación del mercado del suelo y la vivienda, la cesión obligatoria de viviendas vacías. Por otro lado, métricas y normas para redistribuir poder, con políticas como la implementación de marcos jurídicos que reconozcan prácticas basadas en el valor de uso del territorio, la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, la intervención pública en los barrios más desfavorecidos con control de las dinámicas de recalificación del suelo, el fomento del asociacionismo o el apoyo a la acción comunitaria. Un conjunto de métricas y normas que comunalicen pero, sobre todo, por encima de todo, acribillen el poder acumulado que esta larga ruta neoliberalizadora ha ido construyendo.

Ese municipalismo no solo se consigue conociendo cómo funciona la administración o aprendiendo trucos virgueros hechos a base de derecho administrativo. Ese municipalismo necesita instituciones comunitarias, observatorios ciudadanos y redes jurídicas autónomas que puedan ejercer una relación con la institución que sea productiva, vigilante y crítica. Tres valores que se pueden resumir en uno: una relación conflictiva. Pero si jugamos con el derecho estatal, conseguiremos más derecho estatal. Hacen falta otros saberes jurídicos.

El historiador francés Maxime Leroy, en La Costumbre Obrera (un libro escrito hace un siglo) se dedicó a analizar “el derecho proletario”. Leroy se refería al conjunto de reglas escritas o verbales que reglamentan la vida y la sociabilidad proletaria. Recopiló las formas institucionales creadas por el proletariado francés desde mediados del S.XIX, un inventario que recopilaba el orden jurídico creado en y por las luchas. Formas de mutualismo, sindicalismo y reciprocidad que no funcionaban a su libre albedrío. Funcionaban bajo sus propias instituciones, sus propias normas, su propios reglamentos. “Un orden jurídico de la vida en común”, decía Proudhon. A menudo pensamos que no tenemos una alternativa jurídica a la doxa neoliberal y que hay que inventar “nuevas instituciones”. Es más bien al contrario. Tenemos tradiciones jurídicas propias, con saberes y reglamentos que se nutren y a la vez han nutrido al cooperativismo, la economía social y solidaria, el sindicalismo social, la gestión comunitaria y las prácticas de desmercantilización.

Unas tradiciones jurídicas, no lo olvidemos, construidas a partir de negar el Estado, a partir de luchar contra esa autoridad centralizada sobre el territorio que organiza la sociedad. La conjunción no parece fácil. Pero destruir la trayectoria impuesta por el capitalismo urbano pasa por estirar de esos hilos rojos. Construir autonomía desde el derecho proletario en una relación conflictiva con el derecho estatal. Frente a un mundo tan negro, el rojo es un bonito color.

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