Cultura Viva o todo lo que pasa a pesar de las políticas culturales

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Escrito para las jornadas Cultura Viva

“Ninguna cultura ha sido creada por el pueblo, toda cultura ha sido creada para él.” Hace 40 años que Gaëtan Picon pronunció esta frase cumpliendo sus funciones para el Ministerio de Cultura francés. Un modelo de Ministerio, el de André Malraux, que a menudo ha sido señalado como excesivamente paternalista y corporativista. Esta idea de Gaëtan Picon, contrasta con otra que nació no hace tanto tiempo en un contexto colectivo: “La política cultural no es la cultura. Las instituciones públicas no hacen la cultura.” Estas eran las dos primeras frases que recogía el comunicado elaborado por la comisión de cultura del 15M en Barcelona, en mayo del 2011. Fuera de contexto pueden sonar como un haiku, pero el conjunto del comunicado dejaba claro que la apuesta era entender la cultura como un conjunto de procesos sociales vivos. Un conjunto de prácticas heterogéneas que no se agotan, ni siquiera empiezan, en las normas y estructuras institucionales. Malraux, ahora no toca.

Evidentemente, afirmar que la política cultural no es la cultura no niega la necesidad de intervenir públicamente en la esfera cultural. Más bien, lo que se quiere es separar la intervención pública, para compensar los efectos negativos del mercado, de todo aquello que, por otro lado, se produce socialmente. El aviso surgido del 15M era del todo oportuno. En Barcelona ha ocurrido a menudo que las instituciones y los institutos culturales han confundido su papel de mediadores o facilitadores con el de ser los productores, e incluso los principales autores de las prácticas culturales. Centralizar la producción cultural no es mediar. Capitalizar la producción cultural no es facilitar. Intervenir institucionalmente no tendría que ser sinónimo de institucionalizar.

Dejar al mercado como regulador “natural” de quiénes, qué y en qué condiciones se produce o se puede tener acceso a la cultura es la fórmula más eficaz para homogeneizarla. También es una forma muy apropiada para dificultar la producción de todo lo que no resulta sostenible si no se produce a cierta escala y si no se adapta a unos códigos de consumo a menudo muy estrechos. En fin, no hay que insistir mucho: la intervención pública en cultura es necesaria para garantizar prácticas diversas, el acceso público y abierto, y para no excluir formas de hacer o lenguajes poco convencionales o minoritarios. Pero a pesar de tener esto claro, siempre hay un elemento más. Un elemento que forma parte de la realidad cultural y que puede distorsionar o puede parecer que niega este principio interventor, pero no vale ignorarlo para reducir el debate sobre el papel de las políticas culturales.

Decía Jim McGuigan que durante mucho tiempo la derecha quiso la soberanía del consumidor y la izquierda proteger al público corrigiendo sus gustos. Y que la solución de la derecha, la libre competencia, era el problema de la izquierda. Y que el problema de la derecha, el exceso de corporativismo del Estado, era la solución de la izquierda. Debemos superar este debate sumando elementos que lo hagan más complejo, más cercano a la práctica cultural cotidiana. La intervención pública en cultura es necesaria, pero hay muchas cosas que pasan a pesar de las políticas culturales. No sólo más allá de las políticas culturales, sino a pesar de su existencia. Puede parecer una contradicción, de hecho lo es, pero asumirla es nuestro principal reto.

Institucionalizar es producir conjuntos de normas que regulan la vida social. Institucionalizar es el deseo de normalizar. Yúdice y Miller nos recordaban que el Estado se normaliza a sí mismo a través de la cultura a la vez que usa la cultura como pretexto para “gobernar mejor”. Normalizar es entablar un combate con el hecho anómalo, con lo diferente. Es absurdo querer institucionalizar todas las prácticas sociales nacidas de la superación de las normas o que han logrado mantenerse gracias a su incumplimiento. Más absurdo todavía resulta esto en la esfera cultural, que es por definición un espacio de acogida y conservación de la norma pero también de insubordinación de las reglas establecidas. Por este motivo las políticas culturales están siempre a la retaguardia de los procesos culturales vivos. De aquellos procesos que aún no tienen normas. De aquellos que quieren mantener un pulso con las imperfecciones de las interacciones sociales dinámicas. De aquellos que mueren cuando quieren ser normalizados. Las políticas culturales, tenemos que asumirlo, provienen de una pulsión reaccionaria.

Raymond Williams insistió mucho en recordar que ningún orden social ni ninguna cultura dominante agota el rango completo de las prácticas humanas, de la energía humana, de la intención humana. Lo que Williams quería decir no es que un régimen opresor resultara deseable, sino que ni las normas más anquilosadas pueden hacer sucumbir nuestra capacidad para producir alternativas. Y si un régimen opresor no puede ahogar esta pulsión transformadora, menos aún pueden hacerlo las políticas culturales. A pesar de que en Barcelona se han desarrollado políticas culturales centralizadoras que han querido subsumir la diferencia en el modelo desarrollista, también han ido surgiendo un montón de formas de hacer y de lenguajes diversos. Esto, insistimos, no quiere decir que no hagan falta políticas culturales. Esto no quiere decir que cuanto peor estamos más ingeniosos somos. Esto quiere decir que nada puede agotar ni determinar completamente nuestra capacidad creativa ni la continua necesidad de producir diferencia.

El dicho popular asegura que la vida es aquello que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Las políticas culturales son a menudo aquello que se diseña mientras pasa la cultura viva. Quizás una parte de nuestros planes sí acaban configurando nuestra vida. Quizás una parte de las políticas culturales sí consiguen potenciar la cultura viva. El reto es conseguir que cuando esto ocurre no sea por mera casualidad, sino porque hemos configurado unas instituciones y unas normas que tienen capacidad de adaptarse a la realidad social y no al revés. Instituciones que, con su capacidad para garantizar derechos, intervienen positivamente en la realidad cultural, pero con la virtud de no limitar la autonomía ni asfixiar el rango de posibilidades de la creación. Navegar en esta contradicción sin hundirnos es nuestro verdadero reto.

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