Archivo de la categoría: ciudad

¿Conquistar el derecho a la ciudad sin conflicto?

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Texto de La Hidra Cooperativa en El Salto, escrito junto a Mauro Castro.

«La participación ciudadana plantea un conflicto: repartir poder. Si se habla de participación sin conflicto es que no hay poder en juego»

Esta es la conclusión de una vida dedicada a la política contada en primera persona por alguien que luchó por un barrio digno. «¿Qué más da mi nombre? Fuimos una lucha colectiva». Militante del movimiento vecinal, forjado en las redes sociales y comisiones del movimiento obrero, en 1968 fundó junto a otros y otras vecinas la asociación de su barrio en la periferia sur de Madrid. Durante tres décadas, las migraciones rurales hacia las urbes industriales y la inepta planificación estatal obligaron a miles de personas a vivir en barrios periféricos autoconstruidos, levantados por sus propias manos. Vivir hacinados en chabolas no era un ritual cultural de las clases obreras. Era la única solución posible producida por gente humilde, sin apenas medios, pero con una fuerza organizativa que marcaría una época.

1. El derecho a la ciudad: ganar un barrio, ganar el municipalismo.

Ganar un barrio significaba abrir el conflicto contra los intereses del capital y el Estado franquista, denunciando y respondiendo con toda la energía posible a las estrategias de expulsión y especulación urdidas por el régimen. Conquistar derechos era impensable sin antes organizar contrapoder: tomar como propio el legado del movimiento obrero, federar las luchas de los barrios, crear alianzas entre clases populares y clases medias, sumar todas las capacidades posibles para desgastar al régimen. Conquistar poder significaba enfrentarse a la violencia del franquismo y a su vez producir un diagnóstico propio sobre los verdaderos problemas y las posibles soluciones. Según avanzaba la pugna entre intereses de clase contrapuestos, el movimiento conseguía ganar hegemonía: no eran chabolistas ignorantes que ponían en peligro a la ciudad consolidada, eran vecinos y vecinas de clase obrera que defendían su legítimo derecho a la ciudad. Organizar el conflicto metropolitano, en fábricas y barrios, tuvo como desenlace conquistar la democracia y el municipalismo. Aunque no el municipalismo deseado. Los “pactos de estabilidad” de la época y la delegación de poder a partidos de izquierda, condujeron a la desactivación del movimiento y a una rápida integración de las ciudades en la agenda neoliberal. Un cierre en falso en nombre de la “modernización” y la “estabilidad” que hoy crea convulsiones. Pero el movimiento alcanzó algunas victorias, tantas como progresista pudo ser el municipalismo.

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La defensa de los bienes comunes y de instituciones público-comunitarias

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Texto  junto a Laia Forné publicado en la Revista Nous Horitzons

Los derechos son un campo de lucha. Todas las normas escritas (y no escritas) que constituyen la vida social se han construido históricamente a partir del choque entre multitud de intereses sociales. Intereses de clase, de género, coloniales; intereses codificados en relaciones de poder, privilegios y asimetrías. El Estado como forma de organización social y política se tiene que situar en esta dinámica histórica y social conflictiva, no como una herramienta o un objeto de estudio atemporal y sin territorio. Dicho de otra manera: el Estado como relación social, como expresión institucional de formas de dominación, emancipación o confrontación entre segmentos sociales con condiciones materiales y esquemas de vida diferentes [1]. Del mismo modo, el conjunto de reglas que determinan o influyen a la hora de tener acceso, hacer uso, gestionar o extraer beneficio de todo recurso derivado de la producción social no son otra cosa que un terreno en disputa.

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El mercado de intercambio de cromos del Mercat de Sant Antoni y el capitalismo

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Texto originalmente publicado en Nativa

Nada podría ser más fácil. El cromo que tú tienes es el que yo quiero. El cromo que yo tengo es el que tú quieres. Pues los intercambiamos. Nuestro objetivo individual, pero a la vez común, es completar el álbum de cromos. Cada uno su álbum, pero en el camino, las preferencias individuales encuentran respuesta en el cromo que otro aficionado tiene.

Esa necesidad mutua de conseguir lo que tiene el otro es lo que genera la sociabilidad. Hablamos, negociamos, compartimos nuestra afición y finalmente conseguimos el cromo que queríamos y lo tachamos en nuestra lista de “faltis”.

Muy cerca de mi casa, cada domingo por la mañana, se reúnen grupos de padres e hijos a intercambiar cromos frente al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Un mercado de trueque que ya existía antes de que en el Mercat empezaran las obras de restauración, que al parecer pronto terminarán. El número de gente que intercambia cromos puede variar. Más o menos una media de 60, aunque a veces puede llegar a unas 100 personas, depende de la época. En principio, la norma no escrita es que el dinero no sea el valor de intercambio dominante, sino que el valor de intercambio son los propios cromos. Dependiendo del chance, mi cromo puede valer lo mismo que el tuyo, pero cuatro cromos del montón bien pueden valer ese que tú tienes repe y que tanto cuesta conseguir. A veces el dinero intermedia, pero es una medida de valor secundaria, supeditada al valor de uso Seguir leyendo El mercado de intercambio de cromos del Mercat de Sant Antoni y el capitalismo

Reapropiarse de los bienes comunes: producir movimiento, datos, norma

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Texto junto a Mauro Castro, como aportación de La Hidra a las jornadas MAK2 (Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder) Escrito en el Periódico Diagonal.

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.

En el artículo “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” señalábamos una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. Esta privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

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Las comunidades no son la solución sino la expresión del conflicto urbano

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Texto para la revista Treball

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Los bienes comunes, las prácticas de gestión de recursos por parte de comunidades que autoproducen sus normas, se han puesto encima de la mesa como solución. Como solución para una ecuación ya escrita a la que solo le faltaban algunos términos para resolver el enigma del buen gobierno. Hay algo turbio en este ejercicio matemático. Solo un par de ejemplos.

Las comunidades como solución

En 2009, la Casa Blanca ponía en marcha la Office of Social Innovation and Civic Participation. La idea era impulsar “las mejores soluciones para los retos actuales, que pueden ser encontradas en las comunidades de todo el país”. Este programa de gobierno busca fondos privados para impulsar el papel del tercer sector en la creación de emprendedores comunitarios y resolver problemas como la exclusión laboral o la falta de cobertura sanitaria. El objetivo es levantar capital privado para invertir en empresas sociales que medien con colectivos excluidos o desatendidos y así “detectar las soluciones más efectivas”.

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No hay participación sin redistribución del poder

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Texto junto a Mauro Castro a partir de trabajo conjunto con La Hidra Cooperativa. Originalmente publicado en El Diagonal

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1. Crítica a las políticas participativas

«Sería bueno volver a la democracia representativa, y no al asamblearismo, que ha dado más que notables manifestaciones de ser un profundo desastre». En un Pleno del Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, regidora de Ciudadanos, interpelaba con esa frase a Maria Rovira de las CUP. Con ese tipo de ironía fofa que no hiere pero irrita, Mejías aludía a la famosa asamblea que acabó en empate, donde la CUP decidía si investir a Artur Mas. Pero, sobre todo, pretendía defender la representación como la forma de hacer política más legítima y con menos costes.

Esa arrogancia de la democracia representativa fue lo que el 15M puso en crisis. Uno de los mandatos que produjimos en ese ciclo de movilizaciones fue la necesidad de superar esa representación, un mandato trasladado a esta fase institucional. Precisamente, porque esa representación ha mostrado claras evidencias de no contar con excesiva legitimidad social (solo hay que revisar los barómetros de opinión) ni supone menos costes (los casos de corrupción y de malversación de fondos públicos van en aumento). Eso, claro, no significa tener que decidirlo todo en asambleas. Es un punto de partida muy torpe. Se trata de garantizar mecanismos redistributivos del poder que vayan más allá de la delegación ciega a cargos representativos pero también más allá de la participación instrumental.

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El precio de la comunidad

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Ayer salía en La Vanguardia un reportaje bastante oscuro donde se relacionaba vivir en común y  tener una vida comunal con pagar un alquiler loquérrimo de entre 1.400€-1.900€/mes. Detrás de estos “comunales” no están los principios de los bienes comunes de Elinor Ostrom ni los deseos de Piotr Kropotkin, sino grandes empresas que basan sus modelos de negocio en mercantilizar las relaciones y la anomia.  Para qué andarse con rodeos: a life style design bussiness accelerator.

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El capitalismo colaborativo tiene un plan

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Artículo originalmente publicado en CTXT

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1. La economía colaborativa nos hará libres

Un informe del think tank neoliberal PriceWaterhouseCoopers estima que “los cinco sectores principales de la economía colaborativa tienen el potencial de aumentar sus ingresos de los actuales 15 millones de dólares a 335 millones en 2025”. España es tercera en el ranking europeo, con más de 500 empresas en ese sector y se empieza a celebrar que Barcelona sea una de las ciudades punteras en este tipo de economía. Pero no abramos todavía las botellas de cava.

Como tantos otros grupos de presión interesados en maquillar la realidad, PriceWaterhouseCoopers llama “economía colaborativa” al alquiler temporal de, por ejemplo, coches o viviendas, a través de aplicaciones tecnológicas como UBER o Airbnb. Pero cuando les apetece, también incluyen el software libre, la economía social y solidaria o el cooperativismo. No les interesa saber si la gestión es más o menos democrática, si se cierran o abren los datos y quién los explota, si se reparte equitativamente la riqueza producida, si se fiscaliza la actividad económica y ni mucho menos conocer el impacto social y territorial de su actividad. Todo es colaboración y eso mola.

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