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La defensa de los bienes comunes y de instituciones público-comunitarias

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Texto  junto a Laia Forné publicado en la Revista Nous Horitzons

Los derechos son un campo de lucha. Todas las normas escritas (y no escritas) que constituyen la vida social se han construido históricamente a partir del choque entre multitud de intereses sociales. Intereses de clase, de género, coloniales; intereses codificados en relaciones de poder, privilegios y asimetrías. El Estado como forma de organización social y política se tiene que situar en esta dinámica histórica y social conflictiva, no como una herramienta o un objeto de estudio atemporal y sin territorio. Dicho de otra manera: el Estado como relación social, como expresión institucional de formas de dominación, emancipación o confrontación entre segmentos sociales con condiciones materiales y esquemas de vida diferentes [1]. Del mismo modo, el conjunto de reglas que determinan o influyen a la hora de tener acceso, hacer uso, gestionar o extraer beneficio de todo recurso derivado de la producción social no son otra cosa que un terreno en disputa.

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Reapropiarse de los bienes comunes: producir movimiento, datos, norma

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Texto junto a Mauro Castro, como aportación de La Hidra a las jornadas MAK2 (Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder) Escrito en el Periódico Diagonal.

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.

En el artículo “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” señalábamos una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. Esta privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

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