Reapropiarse de los bienes comunes: producir movimiento, datos, norma

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Texto junto a Mauro Castro, como aportación de La Hidra a las jornadas MAK2 (Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder) Escrito en el Periódico Diagonal.

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.

En el artículo “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” señalábamos una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. Esta privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

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Autogestión, el germen de las sociedades utópicas

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Texto incluido en el libro “Autogestión. Prácticas DIY” Proyecto de Antonio Ortega editado por la Fundación Joan Miró. 

La autogestión se sostiene sobre una doble ficción. Sobre todo, su noción más convencional, esa que describe los pasos a seguir para llevar a cabo con autonomía una producción social o cultural. La primera ficción es creer que realmente sea “auto”. La segunda, llamarlo “gestión”. “Auto-”, supone que es un ejercicio generado bajo condiciones no dependientes y que ocurre sin estar subordinado a factores o normas externas. La “-gestión” remite a un conjunto de trámites que se tienen que realizar para que aparezca la cosa, pero sin necesidad de producir mercancías o explotar recursos. En un proyecto autogestionado parece que se toman decisiones y se mueven recursos de un lugar a otro sin que eso suponga la inversión de capital en forma de dinero o trabajo.

¿Qué sostiene a esa doble ficción?. Una posible hipótesis es que, en el fondo, esa idea de autogestión es el germen que perdura de los proyectos utópicos modernos. Un anhelo atávico de los seres humanos que consigue perseverar de las maneras más insospechadas. Vista así, la autogestión sería la expresión cotidiana del deseo de vivir en sociedades formadas por sujetos libres y autónomos. Sociedades en las que no existen interdependencias entre individuos, en las que se han extinguido las formas de dominación ejercidas sobre clases subalternas, donde las relaciones de poder se han diluido y donde las instituciones que influyen en nuestro comportamiento son asombrosamente justas y equitativas. Sociedades donde el poder se ha distribuido horizontalmente de la noche a la mañana. Sociedades ideales que nunca han existido pero que siempre han estado presentes en nuestras ensoñaciones.

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Las comunidades no son la solución sino la expresión del conflicto urbano

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Texto para la revista Treball

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Los bienes comunes, las prácticas de gestión de recursos por parte de comunidades que autoproducen sus normas, se han puesto encima de la mesa como solución. Como solución para una ecuación ya escrita a la que solo le faltaban algunos términos para resolver el enigma del buen gobierno. Hay algo turbio en este ejercicio matemático. Solo un par de ejemplos.

Las comunidades como solución

En 2009, la Casa Blanca ponía en marcha la Office of Social Innovation and Civic Participation. La idea era impulsar “las mejores soluciones para los retos actuales, que pueden ser encontradas en las comunidades de todo el país”. Este programa de gobierno busca fondos privados para impulsar el papel del tercer sector en la creación de emprendedores comunitarios y resolver problemas como la exclusión laboral o la falta de cobertura sanitaria. El objetivo es levantar capital privado para invertir en empresas sociales que medien con colectivos excluidos o desatendidos y así “detectar las soluciones más efectivas”.

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El papel de la innovación social frente a la crisis

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Artículo publicado en la revista Ciudad y Territorio. Escrito junto  Ismael Blanco, Helena Cruz y Marc Parés y parte del trabajo de investigación realizado en la investigación “Barris i Crisi

Blanco, I.; Cruz Gallach, H.; Martínez Moreno, R. & Parés, M. (2016). “El papel de la innovación social frente a la crisis”, Ciudad y Territorio, nº 188, pp. 249-260.

Conflictos urbanos, municipalismo e innovación social

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Conversacion con José Luis Fernández Casadevante, Kois, sociólogo, miembro de la cooperativa GARUA, que nos han hecho en FUHEM Esocial. 

Nuria del Viso (NV): La ciudad se ve aquejada por la segmentación del espacio y la fragmentación social, entre otros problemas, tendencias que se han agudizado en las últimas tres décadas de políticas neoliberales. ¿Cuáles son actualmente las principales cuestiones y los principales ejes de conflicto en la ciudad? ¿Os atrevéis a diferenciarlos según su distinta naturaleza?

José Luis Fernández Casadevante, Kois (JLFC): Lefebvre solía afirmar que la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo, una metáfora que me gusta porque evidencia que sus edificios, calles, plazas y parques materializan deseos y estilos de vida, conflictos de intereses y equilibrios de fuerzas en disputa. Al mirar la ciudad obtenemos únicamente un fotograma de lo que con el paso del tiempo se nos revela como una película. La agudización de las conflictividades urbanas se daría de forma simultánea en tres ejes interconectados. El aumento de la desigualdad social y los desequilibrios territoriales, barrios donde se concentran los procesos de empobrecimiento y precariedad (paro, desahucios, pobreza energética, etc.), agravadas por los recortes en los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales). Un autoritarismo de mercado, que debilita la ciudad como espacio de derechos y confiere al sector privado un mayor protagonismo a la hora de definir las estrategias de transformación de la ciudad (privatizaciones, áreas de inversión, mercantilización de las zonas verdes o del espacio público). Y, por último, esbozos de lo que sería una incipiente contienda ecológica, aunque no se nombre en estos términos. Las luchas por la remunicipalización del agua, los incipientes debates sobre los modelos urbanos de movilidad y alimentación, las demandas de justicia ambiental (en el caso de Madrid todas las infraestructuras contaminantes y tóxicas se concentran en barrios del sur y este de la ciudad). Estas líneas de conflicto han sido profundizadas durante los últimos años por lo que se podríamos denominar como “urbanismo de la austeridad”.

Rubén Martínez Moreno (RMM): En una investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) en la que he participado titulada “Barris i Crisi” (Barrios y Crisis) hemos intentado analizar los impactos de la crisis en Cataluña. En ese trabajo, hacemos una cartografía de prácticas sociales que intentan responder a los efectos de la crisis y un análisis de las dinámicas de segregación urbana durante los últimos 10 años. En esta investigación, queda claro que la renta urbana actúa como factor de segregación social, dotando de mayor libertad de elección en el uso del espacio a ciertos grupos sociales pudientes a la vez que actúa como dispositivo de control sobre la movilidad residencial y la agencia de las comunidades más desfavorecidas. Esto ha producido una distribución territorial desigual de los impactos sociales de la crisis. O, dicho de otra manera, la crisis no solo afecta más a unas personas que a otras, sino que se ha incrementado la distancia entre los barrios donde viven grupos sociales con más recursos y los barrios más desfavorecidos. El capitalismo urbano necesita ese tipo de desigualdad territorial para crear campos rentables de producción y absorción de excedentes de capital. La producción de espacio urbano a partir de la mercantilización y la especulación sobre el suelo es una de las principales formas para asegurar ese tipo de territorio fracturado. En ciudades como Barcelona o Madrid, la urbanización se ha usado continuamente para eludir procesos de desvalorización (crisis) y ampliar el circuito de acumulación sobre el territorio. Esa lógica de máquina de crecimiento urbana –que se camufla bajo el chantaje de “sin crecimiento económico no puede haber políticas sociales”– ha producido grandes coaliciones entre élites locales y globales. En definitiva, tenemos ciudades que integran la desigualdad y la producción de periferias en el proyecto urbano, crean espacios no democráticos de decisión directa a manos de holdings financieros y supeditan las políticas sociales al crecimiento y a compensar los impactos que ese mismo modelo urbano produce. Esto supone un ataque directo sobre las condiciones de vida urbana, sobre quién y cómo puede o no subsistir en la ciudad. Eliminar este círculo vicioso formado por elites, especulación sobre el territorio y políticas sociales compensatorias es lo que creo está abriendo y va abrir los principales ejes de conflicto en la ciudad.

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No hay participación sin redistribución del poder

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Texto junto a Mauro Castro a partir de trabajo conjunto con La Hidra Cooperativa. Originalmente publicado en El Diagonal

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1. Crítica a las políticas participativas

«Sería bueno volver a la democracia representativa, y no al asamblearismo, que ha dado más que notables manifestaciones de ser un profundo desastre». En un Pleno del Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, regidora de Ciudadanos, interpelaba con esa frase a Maria Rovira de las CUP. Con ese tipo de ironía fofa que no hiere pero irrita, Mejías aludía a la famosa asamblea que acabó en empate, donde la CUP decidía si investir a Artur Mas. Pero, sobre todo, pretendía defender la representación como la forma de hacer política más legítima y con menos costes.

Esa arrogancia de la democracia representativa fue lo que el 15M puso en crisis. Uno de los mandatos que produjimos en ese ciclo de movilizaciones fue la necesidad de superar esa representación, un mandato trasladado a esta fase institucional. Precisamente, porque esa representación ha mostrado claras evidencias de no contar con excesiva legitimidad social (solo hay que revisar los barómetros de opinión) ni supone menos costes (los casos de corrupción y de malversación de fondos públicos van en aumento). Eso, claro, no significa tener que decidirlo todo en asambleas. Es un punto de partida muy torpe. Se trata de garantizar mecanismos redistributivos del poder que vayan más allá de la delegación ciega a cargos representativos pero también más allá de la participación instrumental.

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El precio de la comunidad

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Ayer salía en La Vanguardia un reportaje bastante oscuro donde se relacionaba vivir en común y  tener una vida comunal con pagar un alquiler loquérrimo de entre 1.400€-1.900€/mes. Detrás de estos “comunales” no están los principios de los bienes comunes de Elinor Ostrom ni los deseos de Piotr Kropotkin, sino grandes empresas que basan sus modelos de negocio en mercantilizar las relaciones y la anomia.  Para qué andarse con rodeos: a life style design bussiness accelerator.

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El capitalismo colaborativo tiene un plan

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Artículo originalmente publicado en CTXT

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1. La economía colaborativa nos hará libres

Un informe del think tank neoliberal PriceWaterhouseCoopers estima que “los cinco sectores principales de la economía colaborativa tienen el potencial de aumentar sus ingresos de los actuales 15 millones de dólares a 335 millones en 2025”. España es tercera en el ranking europeo, con más de 500 empresas en ese sector y se empieza a celebrar que Barcelona sea una de las ciudades punteras en este tipo de economía. Pero no abramos todavía las botellas de cava.

Como tantos otros grupos de presión interesados en maquillar la realidad, PriceWaterhouseCoopers llama “economía colaborativa” al alquiler temporal de, por ejemplo, coches o viviendas, a través de aplicaciones tecnológicas como UBER o Airbnb. Pero cuando les apetece, también incluyen el software libre, la economía social y solidaria o el cooperativismo. No les interesa saber si la gestión es más o menos democrática, si se cierran o abren los datos y quién los explota, si se reparte equitativamente la riqueza producida, si se fiscaliza la actividad económica y ni mucho menos conocer el impacto social y territorial de su actividad. Todo es colaboración y eso mola.

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Blog de Rubén Martínez Moreno